"Un impuesto preventivo contra la piratería rompe el principio constitucional de la presunción de inocencia"
El próximo 27 de marzo el Gobierno destapará, presumiblemente, la caja de los truenos. Ese día, el Ejecutivo tendrá que hacer pública su decisión sobre el conflicto del canon digital, estableciendo el importe total que se destinará anualmente a la compensación por copia privada.
Con esta medida, tratará de compensar a los autores por la reproducción de sus obras y afectará a los soportes o dispositivos digitales: CD, DVD, reproductores MP3, ordenadores portátiles, tarjetas de memoria para teléfonos, cámaras e, incluso, podría alcanzar a los faxes y fotocopiado-ras, si se admite la propuesta de los autores. Según la Asociación de Empresas de Electrónica, la decisión podría llegar a encarecer este tipo de productos una media del 25 por ciento, alcanzando el 85 por ciento en algunos de los aparatos.
Pero la naturaleza de esta nueva carga es lo realmente preocupante. Se trata de un impuesto preventivo, es decir, por si acaso.
La industria electrónica deberá destinar una parte de sus beneficios, que acabará trasladando a los consumidores, a subsanar las consecuencias de la piratería ilegal, aun cuando la mayoría de los ciudadanos no delinca. Se rompe así el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Además, se trata de contentar a una industria que, más tarde o más temprano, desaparecerá tal y como hoy la conocemos, pese a los intentos desesperados por suministrarle oxígeno. La sociedad de la información ha dibujado una nuevo escenario y la industria de la creación deberá reciclarse para poder operar en él. Intentar sobrevivir confiando en métodos cortoplacistas, bajo el paraguas de las ayudas políticas, es obviar el problema. Como en el resto de sectores, anticiparse, innovar e interactuar con el mercado es la forma de lograr una defensa efectiva de los derechos de autor.
Leido en el economista
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