A nadie puede sorprender que la decisión de dar tratamiento de matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo resulte polémica. Era de esperar, pues, aunque lo inmediatamente planteado sea una cuestión jurídica, el referente externo está cargado de implicaciones que no lo son. No en vano ha sido siempre materia de interés confesional, objeto de verdadera ocupación eclesiástica. Tanto, que en países como España la Iglesia ha impuesto sus reglas a creyentes y no creyentes, sirviéndose para ello de la longa manu de un poder, bien poco civil, por cierto.
Esta dimensión del asunto se hace patente en el tenor de reacciones como las de procedencia episcopal. Y, de forma paradigmática, en el voluntarioso informe (de la mayoría) del Consejo General del Poder Judicial.
De las primeras, sorprende la denuncia de un prelado, en el sentido de que esa opción legislativa podría incidir de forma perjudicial en "la legitimidad del Estado de derecho". Cuando, precisamente, éste es un modelo estatal fundado en la neta separación de derecho y moral. Condición de posibilidad del clima de respeto a la autonomía de las conciencias, de concurrencia imprescindible para una convivencia de calidad entre quienes, diferentes en sus adscripciones religiosas, políticas y de otra índole, están dispuestos a reconocerse y respetarse como personas. Además, es bien sabido, el acceso a este clima sólo fue posible merced a un largo y difícil proceso de secularización. Al que no hace falta decir quién opuso la más encarnizada resistencia. artículo completo de Perfecto Andrés Ibáñez .Magistrado
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